La medida propuesta por Iglesias figuraba entre las decisiones que mañana podría aprobar el Consejo de ministros pero finalmente ha sido apartada y Seguridad Social descarta que se apruebe. "No se va a hacer", ha señalado con rotundidad fuentes del ministerio. El organismo dirigido por José Luis Escrivá está ahora inmerso en el despliegue de buena parte de las ayudas que ha decretado el Gobierno en el último mes para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, entre ellas los aplazamientos de cuotas a los trabajadores autónomos o la suspensión de las cotizaciones de empresas que se acogen a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Fuentes conocedoras de todo el proceso indican que el ministerio considera que el esfuerzo para sacar adelante el ingreso vital mínimo tras su anuncio y aprobación en el Consejo de ministros desviaría recursos del proyecto que ya está avanzado y en el que trabajan el organismo desde hace semanas con el compromiso personal del propio Escrivá. "Para cuando acabara de establecerse ya estaría lista la renta vital mínima"

Iglesias abrió la semana pasada una ronda de consultas para impulsar con urgencia el ingreso vital mínimo, una solución provisional hasta que en unos meses el Ministerio de Seguridad Social concluyera el diseño definitivo para una renta vital mínima permanente. El vicepresidente consultó con sindicatos y organizaciones del Tercer Sector, llamó a distintos empresarios del Ibex y también intercambió opiniones con CEOE. Públicamente, aseguró "constatar" el respaldo de grandes empresarios a su medida.

La iniciativa le ha costado al Gobierno el portazo de CEOE acusando a Iglesias de manipularles, además de ver puenteado su papel como interlocutores en la mesa de diálogo social. El pasado viernes, los presidentes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerado Cuerva, plantaron a la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una reunión para avanzar en pactos para que la reconstrucción económica tras el estado de alarma no suponga una destrucción masiva de tejido empresarial y empleo. Más de 450.000 empresas han solicitado expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectan a más de tres millones de trabajadores.

El ingreso vital mínimo planteado consistía en una cantidad similar al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que es el índice de referencia para la asignación de ayudas y subsidios en función de los ingresos. Los beneficiarios serían personas que no tienen acceso a ninguna de las ayudas que ha desplegado el Gobierno desde el pasado 14 de marzo y que ya cubren al 30% de la población activa, esto es más de seis millones de personas.Entre ellas figurarían, por ejemplo, los trabajadores que han estado en el mercado negro y que no figuran en registros que justifiquen su contribución al sistema en algún momento. Fuentes conocedoras del proceso no señalaron cuántas personas quedarían cubiertas.

Fuente: El Mundo

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